Compromiso para una nueva convocatoria de la bolsa de trabajo para el servicio de ayuda a domicilio en La Puebla de Cazalla

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El defensor del pueblo andaluz,  Jesús Maeztu, admitió a trámite una queja contra el ayuntamiento de La Puebla de Cazalla por incluir en las bases para la formación de la bolsa de trabajo para la contratación de profesionales de Ayuda a Domicilio, una cláusula en la que se otorgaban 15 puntos cuando las personas estaban empadronadas en localidad. En su resolución, el defensor del pueblo recomendó que se suprimiera en las bases reguladoras para la constitución de la bolsa de trabajo del ayuntamiento de La Puebla de Cazalla con la que se seleccionan candidatos para el servicio de ayuda a domicilio, las referencias al empadronamiento de los aspirantes.
Desde Alcaldía se ha aceptado la resolución y se ha establecido el compromiso de redactar unas nuevas bases que rijan una nueva convocatoria de esta bolsa de trabajo, aunque, por no mermar la calidad del servicio prestado actualmente, y en especial al ciudadano usuario del mismo, la contratación seguirá el orden de la lista de admitidos ya establecido.
Qué argumenta el defensor del pueblo
El defensor del pueblo andaluz cree contrario a las disposiciones vigentes en materia de acceso al empleo público local esta cláusula, por lo que ofrece una serie de consideraciones. La primera de estas consideraciones es relativa a los principios constitucionales de acceso al empleo público, que debe estar abierto a todos los españoles por igual y habrá de hacerse mediante un procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad,  publicidad y objetividad, y ello con independencia de la modalidad del nombramiento o contrato laboral a suscribir.
Foto: Elías Zamora
Según el documento que publica el defensor del pueblo andaluz, la residencia en el municipio de La Puebla de Cazalla no prueba o no demuestra una mayor cualificación para desempeñar cualquier tarea en los servicios públicos que presta el municipio, ya que la misma –salvo excepciones puntuales, quizás- no reclaman un especial o particular conocimiento del término municipal o de sus residentes de conformidad con la descripción de las funciones a realizar por las personas que resulten contratadas. Así, el empadronamiento como requisito y como mérito carece de una justificación objetiva y razonable, por lo que resulta discriminatorio y atenta contra el principio constitucional de igualdad.
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